Michoacán se convierte en zona de exterminio de activistas bajo Morena y Ramírez Bedolla
Los asesinatos de Roberto Chávez y Lázaro Mendoza exhiben un patrón de violencia tolerado por el gobierno
En Michoacán ya no hay duda: están eliminando a quienes defienden el territorio. En menos de una semana fueron asesinados dos ambientalistas, Roberto Chávez en Villa Madero y Lázaro Mendoza, encontrado calcinado dentro de su camioneta tras días desaparecido. Dos ejecuciones que confirman que bajo Morena y el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, alzar la voz se paga con la vida.
La violencia no es casualidad, es consecuencia. Ambos activistas denunciaban intereses ilegales en sus comunidades, defendían el bosque, el agua y la tierra. Hoy están muertos. En el Michoacán de Morena, esa labor no solo incomoda, se castiga, y quienes deberían protegerlos simplemente no aparecen.
Lo más grave es que las advertencias existían. Meses antes del asesinato de Roberto Chávez, organizaciones alertaron directamente al gobierno de Ramírez Bedolla sobre la presencia de grupos criminales, amenazas y desplazamientos forzados en la zona. Morena sabía lo que estaba pasando… y decidió no actuar.
El patrón es brutal y repetitivo: amenazas, denuncias ignoradas, silencio oficial y finalmente el asesinato. No es un error, es una constante bajo este gobierno. Mientras tanto, el crimen organizado avanza y se consolida, operando con una impunidad que solo es posible cuando la autoridad está ausente o rebasada.
El saldo es devastador: comunidades aterrorizadas, activistas ejecutados y un gobierno de Morena que no responde. En el Michoacán de Ramírez Bedolla, la seguridad es un discurso vacío y la realidad es otra: aquí, quien denuncia no encuentra justicia, encuentra la muerte.
