Golpe al árbitro electoral: INE destituye a cuatro consejeros del Instituto Electoral de Michoacán y deja al organismo al borde de la parálisis

La remoción del presidente y tres consejeros del IEM ocurre a menos de dos años de la elección para gobernador, dejando al órgano electoral con apenas dos integrantes.

El Instituto Nacional Electoral asestó un duro golpe al Instituto Electoral de Michoacán al aprobar la destitución de cuatro de sus siete integrantes, incluido el consejero presidente Ignacio Hurtado. La decisión fue tomada por mayoría de votos en el Consejo General del INE tras determinar que los funcionarios participaron en la designación de un contralor sin contar con las facultades legales para hacerlo. La medida deja al organismo electoral local prácticamente descabezado en vísperas de la preparación del proceso electoral de 2027.

Además de Hurtado, fueron removidos el consejero Juan Adolfo Montiel Hernández y las consejeras Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza. Una quinta integrante, Silvia Verónica Mauricio Salazar, decidió presentar su renuncia antes de que el asunto fuera sometido a votación. Con ello, el Instituto Electoral de Michoacán quedó operando únicamente con dos consejeras en funciones.

La controversia se originó por una decisión tomada en julio de 2025, cuando los consejeros avalaron el nombramiento provisional de un encargado del Órgano Interno de Control del instituto, una atribución que corresponde exclusivamente al Congreso del Estado. Aunque algunos integrantes del INE argumentaron que existían circunstancias atenuantes y que la medida podría resultar desproporcionada, la mayoría concluyó que la falta ameritaba la remoción de los funcionarios involucrados.

La decisión abre ahora una carrera contrarreloj para designar a cinco nuevos integrantes del organismo electoral. Diversos consejeros advirtieron que el proceso podría complicarse debido a la cercanía del arranque de los trabajos rumbo a la elección de 2027, en la que se renovarán la gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos. La crisis institucional deja incertidumbre sobre la capacidad operativa del árbitro electoral michoacano en uno de los procesos políticos más importantes de los próximos años.